Lic. Arcelio Hernandez
Abogado y Asesor Legislativo
ahernandezm@abogados.or.cr
Estados Unidos es el mayor proveedor
mundial de asistencia para el desarrollo. En el año 2017, este gigante
norteamericano gastó alrededor de $7 mil millones en ayuda internacional para
la salud. Con este dato, podemos ver que su política exterior respecto de la
manera en que se ha de distribuir esa asistencia, puede ser del interés de
muchas naciones en vías de desarrollo.
Uno de los cambios fundamentales que
se dan con la administración Trump respecto de su predecesor Barack Obama, lo
encontramos en la política sobre el la promoción del aborto como parte de la información
que bridan las organizaciones internacionales que trabajan con el tema de la
salud y en especial la salud de las mujeres.
"Reafirmamos
nuestro compromiso con el principio que guio esta decisión: que cada mujer debe
poder tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y salud", destacó
el entonces mandatario Barack Obama, en la celebración del 41 aniversario del histórico
fallo Roe v. Wade, que se refiere a la demanda presentada en Texas en 1970 por
abogados de Norma L. McCorvey, bajo el alias de Jane Roe, en contra del
procurador de Texas, Henry Wade, luego de no haber podido obtener autorización
para tener un aborto en ese estado estadounidense.
En su declaración
del año 2014, Obama ofreció el "firme compromiso para proteger el
acceso de la mujer a un cuidado médico seguro y asequible y su derecho
constitucional a la privacidad, incluyendo el derecho a la libertad de
reproducción". (Univision Noticias, 2014)
La política exterior conocida como Mexico
City Policy, que prohíbe a las organizaciones a nivel global que reciben fondos
de los Estados Unidos promover el aborto, fue instalada desde
la administración Reagan en el año 1984. Esa política fue rescindida por Obama
el 23 de enero de 2009, como lo han venido haciendo las administraciones demócratas
desde su implementación.
Mientras que durante la administración
Obama encontramos que hay un amplio apoyo y financiamiento para clínicas y
organizaciones que ofrecen abortos e información sobre el aborto, vemos en la administración
Trump un viraje muy importante, que busca desincentivar el aborto, reinstalando
aquella política exterior y buscando una declaratoria en la ONU que diga que el
aborto no es un derecho humano.
El cambio en la actual política exterior
de Estados Unidos, se debe básicamente a que el sucesor de Obama, Donald Trump,
tiene una ideología conservadora pro vida, que ha venido caracterizando a los
republicanos.
Pero, además, el presidente Trump
logró el nombramiento de un magistrado en la Corte Suprema de Justicia que es
de corte conservador, como él.
Típicamente los republicanos se han
identificado con el sector evangélico del pueblo estadounidense, de hecho, el Presidente
Trump se hace asesorar de un grupo de asesores denominados Asesores de Fe y Confianza,
que creen firmemente en que La Biblia contiene principios que deben aplicarse
en el gobierno civil, si un país desea ser prosperado por Dios. Desde una perspectiva
conservadora y cristiana, la vida es sagrada y por lo tanto el aborto debe ser
reservado para casos en que la vida de la madre se encuentre en peligro. (Diputada de Nueva
Republica a asesores de Trump: En Puntarenas la gente "muere de
hambre", 2019)
Aunque
el aborto es técnicamente legal en EE.UU. desde 1973, una decisión del Tribunal
Supremo en 1992 dio vía libre a los estados para regular la práctica, lo que ha
provocado que, en buena parte del país, abortar sea más difícil en el presente.
En 2019, dieciséis estados de la Unión
Americana han aprobado leyes restringiendo el aborto. El Estado de Georgia, por
ejemplo, aprobó una legislación que prohíbe el aborto a partir del momento en
que se pueda escuchar el latido del corazón del feto, lo cual puede ocurrir ya
a partir de la semana sexta de gestación. Estas legislaciones son usualmente
recurridas en la vía judicial, por varias organizaciones y ya en el caso del
Estado de Iowa, una ley similar fue declarada inconstitucional por un tribunal
estatal. El tema podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos, donde los magistrados podrían revisitar el caso de Roe v. Wade. (La Vanguardia,
2019)
Desde el año 1973, el aborto es legal en Estados
Unidos, a partir de ese histórico caso Roe v. Wade, de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos, donde una decisión dividida legalizó el aborto hasta
el momento en el que un feto pueda sobrevivir por sí solo fuera del útero, lo
cual generalmente ocurre a partir de las 24 semanas de embarazo. Pero
actualmente, con la Corte Suprema integrada por una mayoría conservadora, varios
grupos de presión y estados con gobernadores republicanos están intentando que
el aborto legal vuelva a ser discutido en la Corte Suprema de la nación. Esto
luego de que el postulante propuesto por el presidente Trump, el conservador Brett
Kavanaugh, fuera confirmado el 6 de octubre de 2018 por el Senado como sucesor
del magistrado Anthony Kennedy, quien desde junio de 2018 había anunciado su jubilación.
Como antecedente de la actual tendencia pro vida,
tenemos que el Congreso estadounidense aprobó una ley en el año 2017 que
facilita a los estados restringir las subvenciones al programa denominado
Título X, mediante la creación de requisitos de elegibilidad que podrían
excluir a ciertos proveedores de planificación familiar, como Planned
Parenthood. El Título X es un programa nacional de planificación familiar que
financia los servicios a más de 4 millones de estadounidenses.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por
sus siglas en inglés) propuso una regla de “mordaza” en mayo para impedir que
los médicos que reciben fondos del Título X brinden a las mujeres la gama
completa de opciones de embarazo y eliminar el requisito de que los médicos
proporcionen información objetiva y neutral a las mujeres embarazadas. HHS
recibió más de medio millón de comentarios en respuesta a la notificación de
elaboración de normas. (Human Rights Watch, 2019)
La regla de mordaza global prohíbe que las
organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que reciben asistencia de
salud global de los Estados Unidos brinden servicios de aborto legal o
referencias, al tiempo que prohíbe la promoción de la reforma de la ley del
aborto, incluso si esa promoción se hace con fondos propios de la ONG. La
política permite el acceso al aborto solo en casos de violación, incesto o
cuando la vida de una mujer está en peligro.
El ex presidente Ronald Reagan promulgó por primera
vez la regla de mordaza global, también conocida como la Política de la Ciudad
de México, en 1984. Todos los presidentes desde Reagan han tenido la facultad
de decidir si promulgar o revocar la política, haciendo que el financiamiento
de las ONG sea vulnerable a los cambios políticos que ocurren en los Estados
Unidos. Así, los gobiernos republicanos han mantenido la regla, mientras que
los demócratas la han revocado. La regla obliga a las organizaciones a elegir
entre brindar atención y educación integral de salud sexual y reproductiva sin
financiamiento de los EE.UU.., o cumplir con la política para poder continuar
aceptando fondos de los EE.UU..
En 2017, la política de Protección de la vida en la
asistencia sanitaria global del presidente Donald Trump amplió la regla de
mordaza global, aplicándola a los beneficiarios de cualquier financiamiento de
salud global de los EE.UU., que suman el monto sin precedentes de $8.8 mil
millones. Esto significa que todos los programas que apoyan el agua, el
saneamiento y la higiene, entre otros, se ven obligados a observar la regla, si
es que desean continuar recibiendo fondos estadounidenses. (Open Society Foundations, 2019)
En 2019, la administración Trump anunció una nueva
expansión de la implementación de la regla global de mordaza, restringiendo a
las organizaciones "amordazadas" de grupos de financiación que
brindan servicios e información sobre el aborto, a pesar de que esas
organizaciones no reciben ayuda de los Estados Unidos. Esto significa que las
organizaciones, los gobiernos donantes y los financiadores estarán sujetos a
una política del gobierno de EE.UU.., Incluso si no aceptan fondos del gobierno
de EE.UU. Más recientemente, el 7 de febrero de 2019, el Departamento de Estado
publicó una revisión de seis meses de la “Política Ciudad de México” del
gobierno de Trump, que retira fondos federales a organizaciones no
gubernamentales que brindan servicios y asesoramiento sobre el aborto y
defienden la liberalización de las leyes de aborto y la expansión de los
servicios. (Open Society Foundations, 2019)
Estados
Unidos se retiró oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
junio de 2018, citando la presunta parcialidad contra Israel y el hecho de que
el organismo no se haya reformado, por lo que es el primer país en retirarse
del organismo. Poco después, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley,
escribió a Human Rights Watch y a otros 16 grupos culpándolos por la decisión
de EE.UU. de retirarse, citando los intentos de socavar sus esfuerzos para
mejorar el Consejo.
Recientemente, Estados Unidos y dieciocho
otros países que representan a unos 1.300 millones de personas, solicitaron a
la ONU y sus agencias la eliminación de “términos ambiguos” en los
documentos oficiales, tales como “salud sexual y reproductiva” con los
que se pretende disfrazar la realidad del aborto. Las representaciones de esas diecinueve
naciones pidieron en la Asamblea de Naciones Unidas que se
termine con la idea que existe un “derecho internacional al aborto”, al
tiempo que llamó a otros países a formar una alianza para eliminar términos y
expresiones ambiguas de documentos de este organismo multilateral. (Human Rights Watch, 2019)
En una declaración
conjunta, 19 naciones (Estados Unidos de América, Bahrein, Bielorrusia, Brasil,
República Democrática del Congo, Egipto, Guatemala, Haití, Hungría, Irak,
Libia, Malí, Nigeria, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Sudán, Emiratos Árabes
Unidos y Yemen) encomiaron a la ONU por la Declaración Política de la Cobertura
Universal de Salud. Esta Declaración, que da prioridad y amplía el acceso a la
atención médica, debería provocar que los estados miembros de la ONU se
adhirieran al llamado de Estados Unidos y las otras 18 naciones, para concentrarse
“en los temas críticos que rodean el acceso a la atención médica”. Para
lograr esto, según los países solicitantes, hay que quitar referencias a
términos y expresiones ambiguas como los de salud y derechos sexuales y
reproductivos en los documentos de la ONU, “porque pueden socavar el papel
crítico de la familia y promover prácticas, como el aborto, en circunstancias
que no gozan de consenso internacional y que puede ser malinterpretados por las
agencias de la ONU”. (Aleteia)
La razón de fondo,
argumentan Estados Unidos y las naciones firmantes, es que tales términos “no
tienen en cuenta, adecuadamente, el papel clave de la familia en la salud y la
educación, ni el derecho soberano de las naciones a implementar políticas de
salud de acuerdo con su contexto nacional”.
En el párrafo
central, las naciones firmantes, lideradas por Estados Unidos, subrayan
enérgicamente que “no existe el derecho internacional al aborto y estos
términos no deben usarse para promover políticas y medidas pro-aborto”.
El
republicano Mike Parson, promulgó una ley sobre el aborto que prohíbe la
interrupción del embarazo después de la octava semana de gestación. Esa
legislación no contempla excepciones en casos de violación o incesto, y se
enmarca en una ola de leyes similares en otros estados como Alabama o
Mississippi cuyo objetivo concertado es provocar que el Tribunal Supremo, de
mayoría conservadora, se replantee la legalización del aborto.
Parson,
que recientemente acogió con satisfacción la caída en el número de abortos de
20.000 a 3.000 en el estado, en el que viven seis millones de personas, ha
acusado a Planned Parenthood de "violar de forma activa y deliberada la
ley estatal en numerosas ocasiones”. Las autoridades sanitarias aseguraron
haber encontrado "prácticas deficientes” en la clínica durante una
inspección de rutina en marzo y han solicitado interrogar a todos los doctores
que realizaron abortos allí durante el último año. (DW, 2019)
Los resultados de una investigación de la Universidad
de Stanford, que se basaron en registros de casi 750,000 mujeres en 26 países
del África subsahariana entre 1995 y 2014, demostraron que cuando la política Mexico
City entró en vigencia bajo George W. Bush, el uso de anticonceptivos
disminuyó en un 14 por ciento, los embarazos aumentaron en un 12 por ciento y
los abortos aumentaron en un 40 por ciento en relación con los años de Clinton
y los años posteriores de Obama, un impacto muy sincronizado con la política y
en proporción a la importancia de la asistencia extranjera en el África
subsahariana. El documento es el segundo estudio del impacto de la regla por
parte de Bendavid y Miller, y también es uno de los pocos análisis basados en
evidencia de la política. (Stanford University, 2019) <
Su investigación anterior fue el primer esfuerzo
cuantitativo a gran escala para examinar los impactos de la política. Observó
un conjunto más pequeño de países africanos durante las administraciones de
Clinton y Bush y también encontró un aumento en las tasas de aborto cuando se
promulgó la política en 2001. (Stanford University, 2019)
Conclusión
Si
bien las leyes que restringen el aborto han logrado bajar la cifra de abortos
en los Estados que las promueven, política conocida como México City parece
haber tenido un resultado distinto, pues a nivel de los países africanos, el
numero de abortos ha incrementado, conforme las organizaciones que no se sujetan
a los requerimientos estadounidenses para el acceso a fondos de ayuda internacional,
ven reducidas sus posibilidades de promover la utilización de métodos anticonceptivos.
Esto por cuanto las mismas organizaciones que dan información sobre el aborto,
suelen también hacer campañas sobre el uso de anticonceptivos. Así lo determina
un estudio realizado por la Universidad de Stanford, que encontró que en África
subsahariana, las ONG son a menudo los principales proveedores de servicios de
planificación familiar. Dos de las organizaciones de planificación familiar más
grandes del mundo, la Federación Internacional de Planificación de la Familia y
Marie Stopes International, han perdido grandes sumas del gobierno de los
Estados Unidos por negarse a cumplir con la política, según informes de prensa.
(Stanford
University, 2019)
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